Propuesta de cambio express de la Constitución

La palabra no sería sorprender porque no podemos decir que nos sorprenden cuando repiten hasta la náusea los mismos rollos inmutables. Pero, así, entre el tedio y la impotencia, pareciera cada vez más posible lo que hace dos meses consideraba (yo y casi todos) altísimamente improbable: que se convoquen terceras elecciones generales. Bien es verdad que tampoco en la breve legislatura anterior creí, hasta casi el último momento, en segundas elecciones, y ya se vio. A fecha de hoy, y pese al deprimente show de estas dos jornadas parlamentarias, sigo pensando que no, que no habrá terceras elecciones, que a última hora (es decir poco antes del 31 de octubre) el PSOE permitirá que algunos de sus diputados se abstengan, los suficientes para que los 170 síes a Mariano sean más que los noes. Mejor sería que los del PP contaran con los 5 votos del PNV (por ejemplo, apoyándoles para que formen gobierno en Euskadi después de las elecciones vascas), pero incluso en ese supuesto se necesita la abstención de algún socialista (o de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias). Claro que como Pedro Sánchez ha sido tan tajante en su negativa a facilitar la investidura de Rajoy, uno piensa que para que ocurra lo que el sentido común dice que tiene que ocurrir (evitar la convocatoria de elecciones) debe previamente suceder algo suficientemente importante que permita al PSOE justificar su cambio de postura; por ejemplo, la desaparición de Mariano y, como efecto obligado, la del propio Pedro (nada me disgusta ese escenario, por cierto). Pero a lo peor no pasa nada de eso y la inercia de las tozudeces y arrogancias nos conduce irremisiblemente, como si se tratara de una tragedia griega en que el destino se empeña en hacer real lo que todos dicen querer evitar a toda costa. Y si hay terceras elecciones, ¿qué?

Pues que con casi toda seguridad tendremos un escenario que con ligeras variaciones seguirá siendo muy similar al actual a efectos de lograr una investidura. Y entonces todos dirán (como dijeron también después del 26 de junio) que en ningún caso habrá cuartas elecciones, pero nadie estará dispuesto a hacer lo que esté de su mano para evitarlas. Porque, por ejemplo, ¿qué razón habría que no haya ahora para que el PSOE en la eventual próxima legislatura se abstuviera? Más bien, cabe incluso pensar que la postura mantenida se reforzaría para no deslegitimarla. Entonces, ¿nos vamos a unas cuartas elecciones para el principio del verano de 2017? Imposible no es, desde luego. ¿Y luego a unas quintas? Y así, ¿por qué no imaginar un bucle infinito, con un gobierno eternamente en funciones, mientras los españoles somos convocados dos veces al año a emitir votos que nunca dan mayoría suficiente a un partido para que pueda ser investido? Esta situación no fue prevista en la Constitución, desde luego, que en un solo artículo (el 99) establece el procedimiento vigente: si en dos meses desde la primera votación de investidura ésta no se logra, se disuelven las Cámaras y se convocan nuevas elecciones. Supongo que los constituyentes pensarían que si esa situación se daba (ya la debían considerar muy poco probable) los nuevos diputados estarían tan escarmentados que sería inconcebible repetir las elecciones. Bueno, pues tan inconcebible no es.

Si es verdad, como aseguran sin excepción nuestros políticos, que  consideran algo malísimo repetir las elecciones, tendrían también que coincidir en que hay que cambiar las reglas actuales para evitar que esta situación vuelva a repetirse. Yo incluso me atrevería a afirmar que no sólo se debería evitar la posibilidad de unas terceras elecciones, sino incluso de las segundas. Parece razonable que no se admita convocar al electorado sin que haya habido una actuación de los políticos que permita revisar el voto previo ni tiempo suficiente para esperar cambios suficientemente significativos de los resultados. En otras palabras: si las elecciones generales tienen por objeto conformar las dos cámaras representativas y que éstas decidan el gobierno de la legislatura correspondiente, refórmese la Constitución para que necesariamente el Congreso electo haya de investir un nuevo Presidente de Gobierno. Esa es la premisa que habrían de aceptar todos los diputados si de verdad fueran coherentes (y honestos) con sus declaraciones de que han de evitarse nuevas elecciones. He escuchado por ahí que una forma de solucionar el problema sería, sencillamente, declarando por Ley ineligibles para las siguientes elecciones a los diputados electos en la legislatura fracasada. Ciertamente, esa amenaza de perder el escaño sería un buen acicate para que llegaran a los acuerdos necesarios para la investidura, pero no los garantiza, ni tampoco que los nuevos diputados –obedientes a las instrucciones de sus partidos– repitan los comportamientos obstruccionistas de sus predecesores. Aún así, votaría por implantar esta norma como una medida de acompañamiento de mi propuesta que, además, parece un castigo justo para quienes han sido incapaces de cumplir con su obligación. Pero creo que sería de muy discutible viabilidad jurídica.

Mi propuesta es más sencilla. Mantendría los cuatro primeros números del artículo 99 de la Constitución tal como están pero modificaría el quinto que pasaría a rezar lo siguiente: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey nombrará Presidente al candidato que durante las votaciones de investidura hubiera obtenido más votos favorables”. Con esta regla después de unas elecciones y de un periodo acotado para que los partidos intentaran alcanzar acuerdos, siempre habría gobierno (probablemente en minoría). A mi modo de ver, los efectos serían positivos para los diputados, porque al perder la capacidad de obstruir, se verían mucho más obligados a pactar y, al mismo tiempo, les resultaría bastante más difícil mantener la hipocresía de sus discursos. En la situación en que estamos, por ejemplo, los acontecimientos se habrían sucedido con más claridad, porque todos sabrían que, si no se hace nada en positivo, Rajoy sería necesariamente Presidente de un gobierno en minoría. Pedro Sánchez se plantearía de otra manera si se presenta de candidato, porque podría ocurrir que lo votaran independentistas y Podemos. A su vez, éstos podrían no ser tan exigentes con las condiciones para que sea investido Sánchez, si saben que la alternativa es irremisiblemente la investidura de Rajoy. En fin, no digo que fueran así las cosas, pero lo que es seguro es que se aclararía mucho el panorama, los diputados y los partidos tendrían menos margen para el escaqueo (y la hipocresía) y, en todo caso, habría gobierno, que es de lo que se trata.

Que el gobierno fuera en minoría no me parece nada muy malo. Es, al fin y al cabo, el resultado de la voluntad democrática: los españoles no han dado la confianza mayoritaria a ningún partido. Lo digo para adelantarme a las propuestas del PP de reforma del sistema electoral para primar las mayorías y, por tanto, en sentido contrario a mejorar la representatividad. Pero, en todo caso, la reforma electoral, siendo necesaria, no es la solución para resolver el problema actual (salvo que fuéramos a fórmulas descaradamente anti-proporcionales), por lo que no procede ahora esa discusión. En resumen, que si fueran mínimamente serios sus señorías, en los dos meses que quedan, además de negociar para intentar formar gobierno, deberían tramitar la reforma constitucional que propongo. Los antecedentes de la famosa modificación del artículo 135 (que se resolvió en 34 días) demuestran que es factible.