Lo primero, señores del PP: nada tiene de democrático que la alcaldía vaya a la lista más votada en vez de a una coalición formada por "perdedores". Esta matraca la vienen repitiendo todos los peperos, de Rajoy para abajo, con la vieja técnica de insistir machaconamente en un mensaje simplón y falso para que la gente acabe aceptándolo como un hecho evidente. Y parece que poco a poco lo van logrando, a la vista de la cantidad de vagos mentales que lo asumen como una premisa incuestionable. Por eso quizá no sea ocioso recordar algunas obviedades. De entrada que en las elecciones municipales los votantes no elegimos al alcalde de nuestro pueblo (como en las autonómicas o nacionales no elegimos al presidente). Elegimos a nuestros representantes en el Ayuntamiento (o en el correspondiente Parlamento) y les delegamos nuestro voto para que sean ellos quienes elijan al alcalde. Por eso nuestra democracia –como cualquiera en los tiempos actuales– se llama representativa. Y, de acuerdo al Código de buenas prácticas electorales aprobado en octubre de 2002 por la Comisión Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, un sistema electoral es tanto más democrático cuanto más proporcional sea el reparto de escaños al resultado de la votación. En el caso de las elecciones locales (regidas por el artículo 180 de la LOREG), para mejorar su calidad democrática habría, sobre todo, que suprimir la barrera del 5% (las listas que no llegan a ese porcentaje de votos válidos no entran en el reparto) y, en menor medida, una fórmula algo menos sesgada que la Ley D'Hondt. Pero lo cierto es que estas elecciones, al ser siempre de circunscripción única, son las más proporcionales que se celebran en España.
Es una descarada burla a la inteligencia de los ciudadanos que la reforma que pretende el PP de las elecciones municipales la integre en lo que ellos llaman "regeneración democrática", cuando se trata de justamente lo contrario: que la distribución de concejales difiera mucho más que en la actualidad de la distribución del voto popular. Es decir, con su propaganda para idiotas pretenden (y parece que con éxito) presentarnos como más democrático algo que objetivamente es más antidemocrático. Y para ello parten de la frase estúpida y simplona de que debe gobernar la lista más votada, porque eso es, según ellos, lo que han querido los ciudadanos. En las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, el 34,55% de los electores querían que fuera Esperanza la alcaldesa, pero el 65,45% no; o sea, había muchísimos más que no la querían, aunque las preferencias de estos últimos se distribuyeran entre varias opciones. Si se tratara de una elecciones presidencialistas (en las que los ciudadanos eligen directamente un único cargo, como el Presidente de la Republica Francesa) cabría una segunda vuelta en la que se decidiera entre las señoras Aguirre y Carmena (31,85%) –y me atrevo a apostar que en ese supuesto habría ganado Carmena–, pero esa hipótesis es absurda pues no tendría sentido elegir un alcalde con un número de concejales insuficiente: al día siguiente los partidos de oposición hacen el pacto que pudieron haber hecho antes de esa segunda vuelta y moción de censura al canto.
Por eso, siempre que escuchaba lo de la segunda vuelta como fórmula para "resolver el problema" que supone que, a través de pactos, partidos minoritarios alcanzaran el gobierno municipal (el primero en proponerlo fue el PSOE), pensaba que era una gilipollez. Claro que no imaginaba que el PP tuviera el descaro, como hace en el texto que lleva al Congreso para su "discusión y reflexión", de atreverse a alterar a lo bestia la proporcionalidad entre concejales y votos. Porque la propuesta lo que dice es tan brutal como lo siguiente: la lista más votada (sea en primera o en segunda vuelta) se lleva la mitad más uno de los concejales y la mitad menos uno se distribuye como hasta ahora. Sin duda, los Ayuntamientos serían muy "estables" porque el grupo de gobierno tendría siempre mayoría absoluta, y la estabilidad es un valor muy querido por el PP. Ya puestos, podría legislarse que no haya en el Ayuntamiento ningún órgano deliberativo (ni Pleno ni comisiones) y que el alcalde y los concejales del partido mayoritario decidan directamente, sin necesidad de votaciones; total, qué falta hacen si lo que quiere el grupo de gobierno siempre se iba a aprobar. En el fondo, lo que el PP nos vende como regeneración democrática equivale a que decidamos el partido al que le damos el poder absoluto en el Ayuntamiento (dictadura cuatrianual votada democráticamente).
Me he tomado la molestia de juguetear un poco con los resultados de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, sin duda las que más han dolido a los peperos y convencido definitivamente de que hay que tomar medidas para evitar que estas cosas se repitan. En la tabla sobre este párrafo recojo las seis listas más votadas en las pasadas elecciones (las únicas que, en cualquier sistema de reparto podrían conseguir al menos una concejalía) que conjuntamente obtuvieron el 97,58% de los votos válidos; es decir, las 16 candidaturas restantes que en ningún caso tendrían representación no llegan al 2,5%, porcentaje muy aceptable bajo el objetivo democrático de que las instituciones recojan lo más proporcionalmente posible las opciones ideológicas de la ciudadanía. Si se suprimiera la barrera electoral del 5% y aún repartiendo los concejales mediante la vigente Ley D’Hondt, habrían entrado en el Ayuntamiento UPyD e Izquierda Unida-Los Verdes, cada uno con un concejal (a costa de Ahora Madrid y Ciudadanos). La mayoría de gobierno habría sido la misma de 29 concejales, ya que es de suponer que IU se sumaría al pacto. Ahora bien, este mecanismo electoral sería más democrático que el actual por dos razones: primera, porque aumenta el porcentaje de votos popular con representación institucional (pasa del 94% al 97,58%) y segunda, porque la distribución de escaños es más proporcional a la de los votos de la ciudadanía. A este respecto, en la tabla indico el porcentaje de concejales de cada lista y en la siguiente columna la diferencia en valor absoluto entre éste y el que ha obtenido en las elecciones. La suma de todas estas diferencias cuantifica la desviación respecto de una proporcionalidad perfecta. Así, vemos que mientras que en el sistema actual esa suma ha resultado 9,57%, si no hubiera existido la barrera electoral del 5%, dicho valor bajaría al 4,60%. La conclusión es obvia (sin que en realidad hiciera falta ninguna simulación): la supresión de las barreras electorales es una medida que contribuye a que el reparto del poder institucional sea más ajustado a la voluntad popular, más democrático en suma.
La siguiente hipótesis que he hecho la he denominado lo que querría el PP que pudiera hacerse con los resultados electorales. Hay que aclarara que ni siquiera con su propuesta legal lo consiguen ya que Esperanza no consiguió el 35% de los sufragios válidos (obtuvo el 34,55%) ni tampoco distanció en 5 puntos porcentuales a la siguiente candidatura (lo hizo en solo 2,70), que son los dos requisitos de la propuesta legal para atribuir a la lista mayoritaria la mitad más uno del total de concejales del Ayuntamiento (57). Pero me permito prescindir de estas condiciones que, al fin y al cabo, son arbitrarios y meras concesiones por el qué dirán, y voy directamente a lo que de verdad les gustaría a los del PP: que a la lista ganadora –aunque sea por un solo voto– se le adjudique la mayoría absoluta. Así, el PP tendría 29 concejales (un 50,88% de los escaños representando el 35,76% de la ciudadanía madrileña), mientras que las otras tres listas se repartirían mediante la Ley D’Hondt los 28 concejales restantes. Como se ve en la tabla, la suma de las desviaciones pasaría del 9,57% actual (o del 4,60% si se suprimiera la barrera electoral) al valor exageradamente alto del 29,55%. Aumento brutal de la desproporcionalidad, disminución brutal de la calidad democrática del sistema electoral.
Todavía he hecho una cuarta simulación, ésta sí ajustada a la propuesta de Ley del PP. Como los resultados del pasado mayo no cumplieron los requisitos para adjudicar a la lista más votada la mitad más uno de los concejales, se habría tenido que ir a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta los madrileños tendrían que elegir entre las tres primeras candidaturas, quedando fuera Ciudadanos porque la barrera electoral se eleva hasta el 15% (y C’s obtuvo el 11,81%). Supongamos –que es mucho suponer– que quienes votaron al PP, a Ahora Madrid y al PSOE repiten sus votos, que los que lo hicieron a Ciudadanos ahora lo harían al PP, que la abstención baja del 31 al 25% y más de la mitad de esos nuevos votantes se decanta por el PP y, finalmente, que los votos a las restantes listas se van a la más afín ideológicamente de las que estarían en liza. Con estas hipótesis, Esperanza rondaría el 48% de los votos válidos, Manuela el 35% y Antonio Miguel el 17%, cumpliéndose el ansiado objetivo de que la primera lista supere el 40% o (no “y”) se distanciase en más del 7 puntos de la segunda, de modo que se haría realidad el reparto de concejales descrito en el párrafo anterior.
He de aclarar que la hipótesis de distribución de votos que he hecho es muy favorable al Partido Popular; pienso que de haberse realizado una segunda vuelta en las condiciones de la propuesta de Ley los resultados serían algo menos favorables para el PP, pero probablemente lograría cumplir algunos de los dos requisitos (no hace falta cumplir los dos) para atribuirse la mayoría absoluta de concejales. La “trampa” está en que esta segunda vuelta no sea, como es tradicional en estos casos, entre sólo las dos candidaturas más votadas, sino que admita una tercera (y en algunos casos podría llegar a haber una cuarta). El PP cuenta con que los votantes de las otras dos o tres listas distintas –opuestos a ellos– mantendrán su división, lo que le permitiría, además de recoger votos de los que no entran en juego, limitar la concentración de sus contrarios (de hecho, se prohíben expresamente las coaliciones para la segunda vuelta). La fuerza del PP, que se disponen a exacerbar con estas reformas electorales claramente tendenciosas, es que el espectro ideológico de derechas lo cubren ellos muy mayoritariamente, mientras que los opuestos se distribuyen entre varias opciones políticas. Estrategia: aprovechemos la pluralidad de la sociedad para revertirla a nuestro favor para darnos mayorías absolutas y reducir drásticamente la pluralidad en las instituciones. Un factor más al carácter antidemocrático de estos señores.
A mi modesto entender, hay cosas que no son opinables, que son objetivamente ciertas o falsas. Así, la propuesta que plantea el PP para reformar el sistema electoral de las municipales (¿por qué no también las restantes elecciones?) es objetivamente menos democrática que el sistema actual, ya que disminuye muy significativamente la proporcionalidad entre votos y resultados que se exige a cualquier modelo representativo. Esto es así y hay que decirlo claramente, para desnudar el descaro de presentar esta propuesta como una muestra de “regeneración democrática”. Confío (poco) en que en el debate parlamentario se ponga de manifiesto con claridad y se denuncie públicamente la voluntad del PP de engañar a la ciudadanía. Y luego acusan a otros de ser populistas.
Brute force and ignorance - Rory Gallagher (The Essential, 2008)